quepasa. Mario Waissbluth, profesor de la
Universidad de Chile y afín a la Concertación, se abocó a revisar un sinnúmero
de estudios y cifras, y a conversar con expertos en educación, directores y
sostenedores de colegios. La idea era arribar a un balance, sin eufemismos ni
clichés, sobre la calidad de los profesores y de la educación en Chile y los
factores que influyen en ésta. He aquí las dramáticas conclusiones:

Estimados
lectores, les expresaré algunas preocupaciones y proposiciones respecto a la
tragedia griega que estamos viviendo en la educación, hipotecando el futuro
nacional por décadas. No me referiré a la LGE (imprescindible) ni al musical
jarrazo, sino a los temas que verdaderamente me preocupan. En este país no se
habla la firme, y si no nos sentamos todos a conversar sin eufemismos
disfrazados de ideología, esto no se arregla.

Las tragedias griegas terminan mal.
Desde el inicio se sabe que las circunstancias de cada actor llevan
inevitablemente al descalabro. Cada uno es producto de su historia, nadie es
tan bueno ni malo, sino que juega el juego que le tocó.

Contemos el hipotético caso de un
joven que estudió hace 15 años en una escuela municipal de regular calidad, y
que obtuvo 500 puntos en la PAA, la antigua PSU.

Para mayor claridad, 500 puntos, la
mediana de la muestra, equivalía a responder correctamente entre el 10% y el
15% de las preguntas de la PAA. La mitad de los alumnos contestaba menos que
eso. De acuerdo a los datos del Second International Adult Literacy Survey
(Sials) -elaborado por la organización de países industrializados OCDE-,
nuestro joven de los 500 puntos con dificultad comprende hoy, ya adulto, lo que
lee.

El dueño de una escuela particular
subvencionada me comentó hace poco que cuando reciben alumnos con sólo dos años
de mala enseñanza básica, el retraso formativo comparado con sus compañeros se
constata como “casi irrecuperable”. Las personas que llegan a la
educación media o la universidad sin ciertos aprendizajes en materia de
lenguaje y aritmética -que debieron obtenerse a temprana edad- difícilmente
podrán recuperarlos, por mucha “remediación” (jerga oficial) o
capacitación que se les imparta durante su carrera.

En suma, nuestro joven de 500 puntos
difícilmente podría haber encarado una carrera universitaria.

El negocio de los pedagógicos express

Sin embargo, Chile le ofreció a este
joven una salida. La legislación de educación superior -estupenda muestra del
libre mercado- le permitió ingresar a estudiar Pedagogía a una universidad de
dudosa calidad, de esas que otorgan los títulos al vapor y/o por internet.

Según una reciente investigación
(ver recuadro en la página 16), a lo largo de sus “estudios” los
niveles de conocimiento de nuestro joven mejoraron entre… 2% a 4%. No más.
Pasó por la universidad y aprendió nada. Pagó buen dinero o incluso se endeudó
para comprar un título. En su lugar, cualquiera hubiera hecho lo mismo.

No exagero. Aunque los puntajes de
corte y la demanda por estos estudios han ido en aumento, la carrera de
Pedagogía Básica registró en el proceso de admisión 2008 un puntaje PSU del
último matriculado, que en una universidad llegó a ser de… 320 puntos. Esto
equivale a responder correctamente cuatro de las 80 preguntas. Así es, 4 de 80.

De 18 mil estudiantes que este año
egresarán como profesores -con poca esperanza de encontrar trabajo-, cerca de
la mitad lo está haciendo vía dudosas regularizaciones de estudios. Las
universidades que los imparten, incluidas algunas del Consejo de Rectores,
hacen un pingüe negocio que crece vertiginosamente: son 40 universidades e
institutos que aumentaron, en los últimos 3 años, su matrícula total formal de 12.500
a 24.600
alumnos de Pedagogía. Está bueno el mercado.

El lastre del Estatuto Docente

Luego, ya egresado y titulado, la
suerte le sonrió un rato a nuestro joven: pudo ingresar como profesor con una
jornada de 44 horas semanales a una escuela municipal. Habiendo logrado -con
todas las asignaciones – una remuneración inicial de 591 mil pesos brutos
mensuales, que con los aumentos bianuales automáticos llega inexorablemente a
877 mil pesos, éste ya no tan joven, gracias al Estatuto Docente y con el
entusiasta apoyo de su Colegio de Profesores, ha procurado rehuir cualquier
tipo de evaluación rigurosa.

Si yo estuviera en su lugar,
asegurado un ingreso intocable para mi familia, el que no podría haber logrado
de otra forma con ese nivel de preparación, me opondría rotundamente a un
cambio en la situación. Además me sentiría bastante tranquilo, sabiendo que si
el sostenedor municipal osara pedirme la renuncia por “pésimo desempeño
docente”, existiría la casi certeza de que la Inspección del Trabajo y/o
los tribunales me reintegrarían al cargo, con una indemnización de $15 millones
a $25 millones. ¿La causal? “Menoscabo por desvinculación injusta”.
Para perder el trabajo, este profesor debería tener más de 100 días anuales de
licencia médica, cometer abuso sexual o un crimen similar.

Digamos las cosas como son porque es
sanador. Visto en retrospectiva, el error más caro para el país en dos décadas
no es el Transantiago: es el Estatuto Docente. Como en toda tragedia, nadie es
tan maligno. Me lo relató un altísimo integrante del primer gobierno de la
Concertación: “Ubiquémonos en esa época… Pinochet comandante en jefe,
terror a la fuga de capitales, ejercicios de enlace… había que defender la
economía y la democracia a toda costa. Tuvimos que concederles mucho a muchos,
como el Estatuto Docente a los profesores y el silencio sobre las
privatizaciones a los empresarios”.

Uno posiblemente hubiera hecho lo
mismo.

Retomemos la historia del joven
profesor. No creamos que lo está pasando bien. Sus condiciones laborales son
durísimas: agotadoras 32 horas de clases, el ambiente es agresivo, su tasa de
depresiones severas a lo largo de la vida es de 32% cuando el promedio de una
muestra de referencia es de 23%. Sus episodios de pánico o de ansiedad superan
por más del doble a la muestra de referencia. Mayor razón para sentirse
menoscabado si alguien propusiera someterlo a una evaluación rigurosa.

Como todos sabemos, pero no decimos,
la evaluación docente actual es enteramente dudosa. Después de 4 años de
resistencia, todavía no se logra evaluar ni siquiera a la mitad de los
profesores. Pero algo se ha avanzado; es un logro, casi como poner un pie en
una puerta antes cerrada.

Pero, escarbemos en los datos que
yacen tras un velo de eufemismos en el sitio web del Ministerio de Educación:
los clasificados como “competentes” o “destacados” suman el
64% de los evaluados. Este 64% tiene derecho a un incentivo monetario, para lo
cual debe rendir una prueba rigurosa de conocimientos, asunto no incluido en la
evaluación regular. Cerca de la mitad de los que tienen ese derecho, por alguna
“extraña” razón, se abstiene de rendir dicha prueba, aunque
recientemente se ablandaron los criterios para que más profesores lo hagan.

Revisando los resultados de ese
proceso, se concluye que en realidad apenas el 10% del total de los profesores
tiene niveles de conocimiento comprobado que los pudieran calificar como
realmente “competentes” o “destacados”.

La situación de los docentes de
colegios particulares subvencionados no es muy diferente. Según todo lo que se
observa, descontado el factor socioeconómico de sus alumnos, se constata que la
realidad educativa, emocional y salarial de los profesores y los tamaños de
aula en ambos sistemas son muy parecidos.

El informe del Sials ya mencionado
contiene otro dato aterrador, pero como los chilenos somos expertos en hacernos
los lesos, esta verdad políticamente irritante no se comenta: sólo el 8% de los
egresados de educación superior entiende completamente lo que lee.

Es fácil sospechar entonces que los
profesionales que hoy comprenden perfectamente lo que leen no son los que
ingresaron a la educación superior con 400 o incluso 600 puntos. El 8% superior
en la PSU equivale a cerca de 650 puntos. Por tanto, es difícil creer que
muchos profesores comprendan perfectamente lo que leen; luego, es difícil
imaginar que podrán enseñar a sus alumnos a comprender lo que leen o a dividir
fracciones. Perdón por la franqueza.

En suma, después de revisar
informes, mirar cifras y entrevistar a bastante gente para escribir este
artículo, si se toma en consideración el origen escolar de la mayoría de los
educadores y la calidad de la educación pedagógica que recibieron, es
inevitable concluir que, por lo bajo, un tercio de ellos no tiene la formación
esencial, los conocimientos, la pedagogía o la motivación para abordar la
titánica tarea que este país enfrenta para resolver el problema de la calidad
educacional. Peor aun en los mayoritarios casos de alumnos y apoderados en
situación vulnerable, lo que requeriría profesores con aun mayores competencias.

Para muchos profesores motivados,
nada de esto es su culpa: es este perverso encadenamiento de circunstancias el
que los ha puesto donde estamos. Para otros, son flagrantes sus faltas a la
ética al recibir un sueldo por un trabajo que no se hace o se hace pésimo.

No cabe duda de que hay una cuota
relevante de buenos y motivados profesores, pero hay que mencionar la
desmotivación y desidia de muchos. Si yo llevara 20 años en una escuela
municipal, en esas condiciones ambientales, laborales y organizacionales,
posiblemente me sentiría igual.

La motivación de los docentes tiene
una elevada correlación con el liderazgo de los directores de escuela. Está
verificado que el liderazgo directivo es el segundo factor intraescuela, luego
de las competencias docentes, que más influye en la calidad de la educación.
Obvio.

Otra verdad inconveniente

La otra verdad inconveniente, que
los parlamentarios de derecha callan discretamente: ¿alguna vez nos explicarán
con la frente en alto por qué se opusieron por más de 15 años a cambiar el
estatuto pinochetista de “amarre”, que declaró a los directores como
vitalicios?

Vitalicios. Está clarito por qué:
ellos también tienen su cuota de clientelismo. Así son las tragedias. Y luego
tienen cara para criticar la calidad de la educación municipal y reclamar por
la inflexibilidad laboral del país.

A pesar de que ya se logró cambiar
la dichosa norma vitalicia, los astutos artículos transitorios introducidos por
estos parlamentarios todavía permiten la permanencia de un buen porcentaje de
apernados que no le rinden cuentas a nadie. Como me contó esta semana un
sostenedor municipal del sur: “Tengo un tercio de vitalicios; despedí a
uno por petición expresa y reiterada del Centro de Padres. Me tuve que tragar
25 meses de indemnización, más una condena de 30 millones de pesos por
menoscabo. No lo vuelvo a intentar. Simplemente no tengo la plata. Además, pese
a que la matrícula me disminuye año a año, sigo con el mismo número de
profesores”.

El arreglito es más sicótico
todavía: si uno de los vitalicios pierde su concurso… el municipio debe
mantenerlo contratado con el mismo sueldo. Esa sí que es flexibilidad laboral.

Negociemos el rescate

En esta tragedia griega, como en un
juego de ajedrez, al gremio de profesores se le concedió, por medio del
Estatuto Docente, la captura de la educación municipal y la tiene de rehén. Por
ende, tiene de rehén el futuro del país.

No estoy juzgando a nadie. Son las
benditas circunstancias políticas, históricas y constitucionales. Las mismas
que han permitido agarrarse de la teta a otros grupos de poder gremial,
empresarial o universidades truchas. Las mismas que han llevado a un grupo de
no más de 200 dirigentes políticos a repartirse los cupos parlamentarios y
municipales a su gusto durante casi 20 años gracias al sistema binominal,
mecanismo inventado para mantener el statu quo y “proteger la
democracia”. No hay castigo ni incentivo político alguno por obtener
resultados de largo plazo que ayuden a la ciudadanía, educación incluida.

“Captura” es lo que ocurre
cuando un grupo de agentes, empresas o personas logran apropiarse de una
institución o sistema -por conductos formales o informales- para su propio
beneficio. Las capturas se resuelven por rescate armado o por negociación. Siendo
impensable la primera opción, ¿por qué no inventamos una negociación en la
firme, para salir de este embrollo? Pongamos números gruesos, por ejemplo, a lo
que costaría modificar radicalmente el Estatuto Docente.

Supongamos retiros anticipados
-dignos y programados- a lo largo de cinco años, por unos 15 meses de salario
además de lo que establece el Código del Trabajo, para unos 20.000 docentes que
no tengan una buena y rigurosa evaluación, y que hoy mal-educan a unos 800 mil
niños. No es tan loco considerando que recientemente nueve mil se acogieron a
retiro.

Agreguemos el cese inmediato -con
pensión razonable- de todos los vitalicios que siguen desmotivando a sus
profesores y que no ganen su concurso. Estaríamos sumando unos mil millones de
dólares. Esto es inversión por una vez.

Suponiendo el cierre inmediato de
carreras pedagógicas de calidad inaceptable y la imprescindible creación de un
examen nacional de habilitación para ejercer la pedagogía en cualquier tipo de
escuela, deberemos sumar el costo de devolverles la plata que malgastaron en
matrículas a unos 10.000 estudiantes de pedagogía express en estos últimos
años: serían unos cien millones de dólares más.

Agreguemos un programa para crear o
fortalecer institutos pedagógicos dignos de ese nombre, con postgrados de nivel
internacional, etc.: otros cien millones de dólares. Por una vez. Ya vamos en
1.200 millones de dólares.

Finalmente, lo más caro. Inmigración
inmediata de dos o tres mil profesores extranjeros bilingües con experiencia en
aula. Beca robusta para todo estudiante con PSU arriba de 650 puntos que
ingrese a estudiar Pedagogía a una carrera acreditada, con una promesa salarial
40% superior al valor actual, y de 70% para aquellos que obtengan un magíster
acreditado en Pedagogía o una materia específica. Lo mismo para egresados de
Ingeniería, Derecho o cualquier ciencia, que obtengan un magíster acreditado en
Pedagogía. En España, por cierto, esta última es la única manera de ser
profesor de secundaria. Agréguele inducción, apoyo y mentores para todos los
profesores que inicien sus labores. Súmele 100% de aumento salarial para atraer
buenos directores de escuela.

Suponiendo un programa paulatino,
que comience hoy, estaremos hablando de un gasto adicional que a la vuelta de
una década puede llegar a ser del orden de mil millones a mil doscientos
millones de dólares anuales, algo así como el 0,5 % del PGB que Chile debería
tener para esa época. Números gruesos, por supuesto. Todos los profesores del
sistema municipalizado continuarían, si lo desean, siendo miembros del Colegio
de Profesores: eso ni se discute. Pero con un renovado y flexible Estatuto
Docente, con incentivos asociados a una evaluación rigurosa y a una salida
expedita para los casos de flagrante abandono de deberes. Yo pagaría feliz más
impuestos para financiar semejante revolución.

Por cierto, éste no es sólo un
llamado a los profesores. Para que haya negociación deben existir dos partes.
La otra es el Poder Ejecutivo y todos los partidos del espectro político,
abandonando por una vez las rencillas y creando el consenso necesario para
avanzar con los maestros y no contra ellos.

Pongamos esa plata arriba de la mesa
y todos ganan, incluyendo los profesores, que habrán recuperado su histórico
sitial en la sociedad. Se crea una carrera docente de estándar internacional.
Se desarrolla un nuevo concepto de evaluación, cuyo foco es el
perfeccionamiento de profesores que ingresaron a la carrera cumpliendo
estándares mínimos. Se fortalece la educación pública que muchos añoramos. Los
que más ganarían son nuestros hijos y nietos. Por eso, si quieren, subamos el
monto de los retiros anticipados al doble, pagaderos en cómodas cuotas a 10
años. ¿Hay trato? Me convencí que el resto es música… con minúscula.

Las graves conclusiones
de un estudio

El estudio data del 2007 -está
disponible en el sitio web del Consejo Superior de Educación- y fue elaborado
por la U. de Playa Ancha de Ciencias de la Educación y la U. de Valparaíso. Se
denomina “Desarrollo de habilidades básicas en lenguaje y matemáticas en egresados
de Pedagogía. Un estudio comparativo”.

Se le siguió la pista a una muestra
de 488 estudiantes de Pedagogía de 5 universidades nacionales. A ellos se les
sometió a una prueba de capacidades al ingreso de la carrera (en el 2002) y
luego a la misma prueba cuando egresaron, 4 ó 5 años más tarde.

Puesto crudamente, sólo el 64% de
los que ingresaron a Pedagogía podía leer un gráfico: esto mejoró a 65,4%
después de obtener un título de profesor. O sea, 1,4%. En el caso de extraer
conclusiones de un texto, la educación universitaria disminuyó la frecuencia
desde 61,6% a 57,8%, un extraño fenómeno de des-educación.

La conclusión textual del trabajo:
“A modo de síntesis, la situación descrita indicaría que los estudiantes
de Pedagogía ingresan a la universidad con ciertas carencias, reflejadas en sus
puntajes de selección, y egresan, después de varios años de estudio, con las
mismas limitaciones.”

La pregunta más inquietante: ¿por
qué este estudio no ha generado un escándalo nacional?